Hay veces que resulta enriquecedor levantar la vista y mirar un poco más allá de nuestros horizontes diarios, también en temas catastrales. Esta semana nos ha llamado la atención el ruido que está generando el proyecto de regularización catastral en un país con tantos otros problemas como Colombia.
Por todos es conocido el conflicto armado que azota a ese país desde los años 60 entre el Gobierno colombiano y las FARC (entre otras guerrillas). Ya se ha cobrado más de 170.000 víctimas civiles (sin contar bajas combatientes) y 4.000.000 de desplazados.
Las conversaciones de paz comenzaron en La Habana en 2.012 y actualmente se encuentran en su fase final y esperemos que concluyan con una paz duradera y constructiva para todos.
Pues bien, nos ha sorprendido enormemente que la regularización catastral de los inmuebles rurales sea uno de los puntos del primero de los cinco apartados de los que consta la hoja de ruta de las negociaciones de paz. Esto nos da una idea de la importancia que tiene disponer de información catastral actualizada en la modernización de un país.
Un país con más de 40 años de conflicto bélico y uno de los temas que abordan en primer lugar es regularizar el catastro. Según informan los periódicos locales se trata de una ingente tarea que llevará más de cinco años y comenzará por la selva amazónica nada más y nada menos.
En efecto, según diversas estimaciones, en la actualidad el 60 % de los inmuebles y el 21 % de los propietarios rurales no figuran en los registros del catastro colombiano.
En primer lugar esta cifra nos de idea del grado de concentración de la propiedad en dicho país. Al margen de este hecho, los analistas del país consideran que la falta de un catastro rural actualizado implica, de forma evidente, una menor capacidad impositiva del país y por tanto una mayor carga en aquellos casos en los que la propiedad sí está registrada por la Hacienda colombiana.
Además estaría favoreciendo la especulación y desincentivando la productividad agrícola en un país que depende fuertemente de su sector primario.
En definitiva esta información nos permite volver a situar la vista en España con una perspectiva enriquecida. Es evidente que a nadie nos gusta pagar impuestos, y mucho menos de más, pero creemos que es mucho peor estar en una situación donde la mayoría de los inmuebles no están registrados y donde el Gobierno no puede, aunque así lo quisiera, repartir la carga de los impuestos entre todas las personas que deben asumirla. Sinceramente preferimos nuestra situación, cuando Catastro en España afronta un proceso de regularización como el vigente entre los años 2.013-2.016, y las cuestiones que aparecen en prensa son principalmente el número de piscinas o reformas detectadas y no declaradas.
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